Quien no la debe…

Diseño e Ilustración: Flor Marenco

Más del 52% de la población nicaragüense son niñas, chavalas y mujeres. De ellas, al menos  el 11% de las chavalas y mujeres entre 15 a 49 años han experimentado alguna forma de violencia sexual en su vida (ENDESA 2006) y lo más preocupante es que sus victimarios son, en la mayoría de los casos, personas cercanas.

Hablar de violencia contra las mujeres, nos obliga a pensar no sólo en la violencia física y sexual, sino en todas las otras formas de violencia que sufren a diario mujeres, adolescentes y niñas: violencia psicológica, patrimonial y económica, en el ejercicio de la función pública, laboral  y  en casos extremos e indignantes, la muerte (feminicidio).

Los costos de la violencia contra la mujer son sumamente altos para la sociedad en su conjunto. Según Naciones Unidas (Campaña UNITE), se deben calcular incluyendo los costos directos de los servicios para el tratamiento y apoyo a las mujeres maltratadas y sus hijos, los costos de enjuiciar a los ofensores y los costos relacionados con la pérdida de empleo y productividad.

La violencia es una realidad y nos afecta a todos, es así como la aprobación de una ley especial sobre esta temática (Ley 779, “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres”), es fundamental para la creación de nuevos valores e impulsar cambios de raíz en el comportamiento e interrelacionamiento de los actores sociales.

La ley 779 permite contar con un marco jurídico de igualdad de protección ante la ley y de la misma ley. Busca garantizar los derechos a la vida, salud, educación, libertad personal y la intimidad y apunta al respeto integral de las mujeres, adolescentes y niñas, condenando toda forma de violencia contra ellas, y promulgando el respeto a su dignidad y la protección de su familia en el ámbito público y privado.

La ley es clara y brinda las garantías necesarias para un justo proceso en igualdad de condiciones. Solamente aquellos que agredan y violenten a mujeres, adolescentes y niñas en detrimento del bienestar y desarrollo de nuestra sociedad como conjunto, pueden estar nerviosos y molestos con su aplicación. Y deben estar así por la oportunidad que la misma le dá a sus víctimas, de ser informadas y asesoradas adecuadamente, así como de contar con un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes  para hacer valer sus derechos y parar los abusos.